Toluca, Méx.- Cruz Roa Sánchez, coordinador del PRI en la LIX Legislatura mexiquense, reconoció que el Estado de México sea la segunda entidad del país en la que es más fácil hacer negocios, de acuerdo con la sexta edición del estudio Doing Business del Banco Mundial, presentado este día.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política reconoció el avance de la entidad mexiquense, al pasar, en seis años, del lugar 28 al segundo en esta clasificación, mientras que Aguascalientes y Colima también han avanzado hacia las mejores prácticas internacionales para hacer negocios.
Resaltó que la entidad mejoró en los cuatro indicadores analizados: apertura de una empresa, registro de la propiedad, obtención de permisos de construcción y cumplimiento de contratos, destacando la entidad en los dos últimos gracias a las reformas implantadas.
Aguascalientes, Colima, Puebla, Sinaloa, Guanajuato y Durango, muestran un desempeño superior al de la media de los países de altos ingresos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Como ejemplo de la mejora regulatoria, en la que ha participado el Poder Legislativo se encuentran los juicios mercantiles que ahora se resuelven de forma más eficiente en el Estado de México, el tiempo de espera es de los más bajos y el índice de calidad de los procesos judiciales es de los más altos del país.
Al igual que otros nueve estados, la entidad mejoró la calidad de los procesos judiciales introduciendo herramientas electrónicas de apoyo a la gestión de casos, la creación de expedientes virtuales, el monitoreo de plazos y control de su vencimiento, la programación de fechas de audiencia y la generación de documentos judiciales.
En este sentido, reiteró la disposición de la 59 Legislatura mexiquense para seguir modernizando la legislación en mejora regulatoria con el objetivo de promover el crecimiento económico, la generación de empleos y la atracción de inversiones.
Recordó que la entidad cuenta con una ley específica en la materia y es pionera en elevar la mejora regulatoria y la competitividad a rango constitucional, estableciendo su obligatoriedad para facilitar la apertura de negocios, además de implantar la Firma Electrónica Avanzada.
